El jueves 28 de noviembre, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto que propone modificar diversos artículos de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. Esta reforma constitucional es parte de un paquete de cambios propuestos por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año.
La propuesta tiene como objetivo, eliminar algunos de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs) y ciertos órganos reguladores en el sector energético. Entre los organismos que se verían afectados se encuentran la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua en la Educación.
Esta propuesta implica un cambio radical a la estructura constitucional creada en 2012 con el "Pacto por México", un acuerdo político que buscaba impulsar el crecimiento económico de México y, uno de sus objetivos clave, fue proteger la autonomía de ciertos organismos reguladores para evitar ineficiencias burocráticas asociadas al Poder Ejecutivo.
Si la reforma se aprueba bajo estos términos, las funciones de los organismos mencionados se transferirán a diversas dependencias gubernamentales, como se detalla en la siguiente tabla:
Los argumentos que respaldan esta reforma se centran principalmente en las siguientes premisas:
Para entender mejor cómo llegamos a este punto, intentaremos responder atres preguntas clave:
Los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs) son entidades del Estado mexicano que fueron creadas para operar de manera independiente a los poderes tradicionales del Estado, depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional [1]. Estos órganos están establecidos por la Constitución Federal, lo que les da un estatus especial y les otorga una protección frente a la influencia política, particularmente del Ejecutivo.
La principal característica de los OCAs es su autonomía constitucional, lo que significa que están fuera del control directo del presidente y las Secretarías de Estado. Esto les permite ejercer sus funciones con mayor independencia y sin la interferencia de la política del día a día. Su existencia busca asegurar que las decisiones que afectan a la economía, los derechos humanos de las personas (como el acceso a la información) y la transparencia en la gestión pública se tomen basadas en criterios técnicos, más que en intereses políticos.
La creación de los OCAs en México responde a un contexto histórico y político determinado por las necesidades de un país que, en un momento concreto, requería un refuerzo institucional para regular sectores estratégicos sin la constante injerencia de los poderes políticos y económicos preponderantes. A lo largo de la historia de México, el Estado ha enfrentado dificultades en términos de gobernabilidad y eficacia administrativa, especialmente en áreas que involucran sectores de alta competencia y en la supervisión de políticas públicas esenciales como la radiodifusión y las telecomunicaciones, la transparencia y el acceso a la información.
En particular, la reforma estructural del Estado de 2012, bajo el Pacto por México, promovió la creación de varios OCAs, buscando blindar la autonomía de estas instituciones respecto a los intereses de terceros. Estos organismos fueron vistos como una solución para frenar las ineficiencias del aparato estatal, así como para evitar la manipulación política de decisiones que debían estar fundamentadas en principios técnicos, imparciales y de largo plazo.
Algunos de los objetivos principales que motivaron la creación de los OCAs incluyen:
En resumen, los OCAs nacieron como una respuesta a la necesidad de un Estado más eficiente y menos vulnerable a influencias externas. Su existencia representa un intento por parte del Estado mexicano de asegurar que las decisiones técnicas y regulatorias sean tomadas de acuerdo con el interés general, sin depender de la administración política que se encuentre en turno.
La propuesta de extinguir algunos Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs), como lo plantea la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, presenta varios riesgos que podrían afectar el funcionamiento del Estado mexicano y su relación con los regulados. La desaparición de estos organismos puede tener consecuencias tanto en la eficiencia del aparato estatal como en la confianza de la sociedad hacia sus instituciones.
A continuación,detallamos algunos de riesgos que observamos:
Uno de los riesgos más significativos de eliminar los OCAs es la concentración del poder en el Poder Ejecutivo. La autonomía de estos órganos fue, precisamente, concebida para evitar que este Poder de la Unión detentara un control absoluto sobre sectores relevantes para los derechos fundamentales, como las telecomunicaciones o el acceso a la información pública. Si estas entidades pierden su independencia de la partidocracia y la coyuntura política, se corre el riesgo de que las decisiones regulatorias y de supervisión se tomen bajo intereses políticos, y no bajo principios técnicos o de interés general.
Este proceso de centralización podría devolver al Estado a un escenario donde los sectores regulados, como las telecomunicaciones o los hidrocarburos, se vean influenciados por las políticas del gobierno en turno, lo que puede deteriorar la calidad de la regulación y permitir ineficiencias administrativas propias de la burocracia del Poder Ejecutivo.
Los OCAs cumplen una función crucial dentro de la transparencia gubernamental. Instituciones como el INAI son fundamentales para garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la información pública y vigilar el uso adecuado de los recursos. La desaparición de este órgano en particular, y su transferencia de funciones a la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, podría dar paso a un entorno donde la información y las políticas públicas sean más opacas, reduciendo la capacidad de la sociedad civil y de los medios de comunicación de vigilar la actuación gubernamental.
Uno de los riesgos más relevantes de la desaparición de los OCAs, especialmente en el caso del IFT, es la pérdida de autonomía técnica en la regulación de sectores clave como las telecomunicaciones y la radiodifusión. El IFT fue creado para ser un regulador independiente, con el fin de asegurar que las decisiones sobre el uso del espectro radioeléctrico, la regulación de redes y servicios y las políticas de telecomunicaciones se tomen de manera técnica y no política.
La experiencia de su antecesora, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) demuestra las dificultades que puede enfrentar un regulador cuando no tiene suficiente autonomía. Durante mucho tiempo, la COFETEL estuvo limitada por una estructura jerárquica rígida con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que minaba su capacidad para regular de manera eficaz. Si el IFT pierde su autonomía y queda nuevamente bajo el control del Ejecutivo, se corre el riesgo de que se repita la historia de la doble ventanilla y falta de poder real para tomar decisiones clave en sectores de vital importancia para el desarrollo económico y social del país.
Una de las características fundamentales de los OCAs es que sus decisiones se toman de manera colegiada, es decir, no son dictadas por una sola persona, sino que son producto de un proceso de deliberación que involucra a varios expertos en el área correspondiente. Este enfoque colegiado asegura que las decisiones sean más equilibradas y que no estén influidas por intereses individuales o políticos. Además, promueve una mayor transparencia y responsabilidad, ya que las decisiones se fundamentan en un análisis técnico y plural.
Los OCAs desempeñan un papel clave en la seguridad jurídica en México, ya que también actúan como garantes de la aplicación imparcial y coherente de la ley. Su desaparición podría generar un clima de incertidumbre legal, pues los entes regulados estarían sujetos a la coyuntura política y la partidocracia, lo que pondría en riesgo la estabilidad de las decisiones regulatorias. Esto significa que las políticas y normas podrían ser alteradas en función de los intereses políticos del momento, y no en beneficio del interés general o el desarrollo a largo plazo del país.
La desaparición de los OCAs implicaría una regresión en términos de gobernabilidad, transparencia y eficiencia. Los riesgos derivados de esta reforma pueden afectar el funcionamiento del Estado mexicano, debilitando la competencia económica en sectores clave como las telecomunicaciones, limitandola transparencia y, sobre todo, centralizando el poder político en un único actor, lo que pone en peligro el bienestar y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
_______________________________________
[1] Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, a la Iniciativa conProyecto de Decreto por el que se propone la modificación de diversos artículosde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia desimplificación orgánica. Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.Miércoles 20 de noviembre de 2024. Disponible en:https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2024/nov/20241120-IV.pdf
[2] Ugalde Calderón, Filiberto Valentín, “Órganos Constitucionalmenteautónomos”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Núm. 29. Disponibleen:https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf
